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En una condena con pocos antecedentes jur\u00eddicos, el Juzgado Federal N\u00b02 de La Plata, orden\u00f3 a la empresa Telef\u00f3nica S.A. pagar m\u00e1s de $20.000 millones a 3 millones de usuarios de todo el pa\u00eds, por el \u00abcobro ilegal\u00bb del Servicio de Valor Agregado de Telefon\u00eda B\u00e1sica (SVA-TB) desde el a\u00f1o 2014.<\/p>\n
En la causa colectiva CODEC c\/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA s\/LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (FLP N\u00b059112\/2014) iniciada por la Asociaci\u00f3n de Defensa del Consumidor CODEC (Centro de Orientaci\u00f3n Defensa y Educaci\u00f3n del Consumidor) se declar\u00f3 la nulidad del cobro del Servicio de Valor Agregado de Telefon\u00eda B\u00e1sica (SVA-TB), un cargo ilegal impuesto por Telef\u00f3nica sin el consentimiento de sus usuarios.<\/p>\n
La sentencia obliga a la empresa a devolver todo lo ya cobrado por este concepto, m\u00e1s los intereses que corresponden a tasa activa, una multa del 25% por facturaci\u00f3n indebida y el da\u00f1o punitivo por la gravedad de la conducta de la empresa.<\/p>\n
La Justicia consider\u00f3 que Telef\u00f3nica comenz\u00f3 a cobrar por el concepto \u201cSVA-TB\u201d en marzo del 2014, sin que los clientes lo solicitaran ni lo aceptaran de ninguna forma. El cargo no se correspond\u00eda en realidad con ning\u00fan servicio, sino que era una suerte de \u201cderecho a acceder a servicios de valor agregado\u201d que era cobrado independientemente de adquirir alguno de esos servicios.<\/p>\n
En palabras del juez Alberto Osvaldo Recondo, la pr\u00e1ctica consisti\u00f3 en lo siguiente: \u201cSe impone el pago de un abono que me da derecho a acceder a una serie de servicios que nunca ped\u00ed, que quiz\u00e1s nunca active y que posiblemente si los ten\u00eda activos ten\u00edan un costo inferior, conforme surge de la prueba pericial que detalla el costo de los servicios en junio de 2014 (\u2026) y se me brinda una informaci\u00f3n parcializada y confusa lo que atenta contra el derecho a una informaci\u00f3n clara y veraz\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan la pericia realizada en la causa, la empresa cobr\u00f3 este cargo hasta mediados del a\u00f1o 2022, e incluso en algunos casos lo seguir\u00eda haciendo hasta la actualidad. El monto ilegalmente percibido por la empresa, con sus intereses hasta el a\u00f1o 2022, alcanza a casi 10 mil millones de pesos. A esa suma que la empresa debe devolver a los usuarios afectados, se le debe sumar una multa del 25% sobre el capital por el cobro ilegal del SVA-TB, que llega a m\u00e1s de 5 mil millones de pesos; m\u00e1s otro monto extra por el tope legal del concepto \u201cda\u00f1o punitivo\u201d. Todas estas sumas se actualizar\u00e1n hasta la efectiva devoluci\u00f3n, aplic\u00e1ndose una tasa de inter\u00e9s activa del Banco Naci\u00f3n multiplicada por 1,5.<\/p>\n
Esta imposici\u00f3n del cargo, que le trajo miles de millones de pesos de ganancias durante a\u00f1os, fue realizada en violaci\u00f3n notoria del art\u00edculo 35 de la ley de defensa del consumidor. Como manifest\u00f3 la sentencia: \u201cLa conducta descripta por la norma y que queda prohibida es justamente la conducta que asumi\u00f3 Telef\u00f3nica de Argentina SA para con los usuarios del servicio de telefon\u00eda fija domiciliaria. Unilateralmente incluy\u00f3 el cobro de un abono no requerido, de forma masiva, y puso en cabeza del usuario el deber de manifestarse por la negativa, lo que queda demostrado con la prueba rendida y valorada en los puntos que anteceden\u201d.<\/p>\n
Al respecto el juez Recondo que llev\u00f3 adelante la causa expres\u00f3 que \u201cel da\u00f1o ha operado en millones de usuarios en todo el pa\u00eds y dicha conducta se mantuvo durante un periodo muy extenso de tiempo, pese a que la autoridad de contralor (Comisi\u00f3n Nacional de Comunicaciones), ya desde finales del a\u00f1o 2014 hab\u00eda requerido el cese del cobro del rubro por ser contrario al r\u00e9gimen legal y la devoluci\u00f3n de lo facturado a los usuarios. La demandada continu\u00f3 con su conducta abusiva y la prolong\u00f3 en el tiempo, incrementando las ganancias de la empresa tal como surge de la pericia contable, ello en desmedro de los intereses patrimoniales de los usuarios\u201d.<\/p>\n
El juez orden\u00f3 que \u201cla devoluci\u00f3n de las sumas se realizar\u00e1 como cr\u00e9dito a favor de los usuarios a trav\u00e9s de las facturaciones respectivas, pudiendo ser aplicables a cualquier servicio que brinde la demandada, como ser servicios de internet o telefon\u00eda m\u00f3vil, en tanto es sabido que el servicio de telefon\u00eda fija domiciliario se encuentra en franco desuso\u201d, siempre que sea posible, o la devoluci\u00f3n directa para aquellos afectados que no sean m\u00e1s clientes de la empresa.<\/p>\n
Se inicia as\u00ed un camino de restituci\u00f3n y reparaci\u00f3n de los intereses econ\u00f3micos de los usuarios del servicio telef\u00f3nico que es lo que corresponde ante este tipo de pr\u00e1cticas comerciales ilegales las que son bastante frecuentes, aunque muchas veces no son advertidas por el escaso monto individual de los da\u00f1os. No obstante, esas conductas, como queda a la luz con este caso, significan p\u00e9rdidas de miles de millones de pesos para los consumidores, con un enorme impacto para la econom\u00eda nacional y para la competencia leal y transparente en el mercado de las telecomunicaciones.<\/p>\n<\/p><\/div>\n